A. Consideraciones Generales

1. La Constitución boliviana de 1967, actualmente vigente, en su Artículo 7 consagra, con arreglo a la ley que reglamente su ejercicio, el Derecho a la Vida, como uno de sus derechos fundamentales.2

2. El Artículo 26 del Código Penal establece que la pena de muerte se aplicará a los delitos de parricidio, asesinato y traición a la patria.3

3. Si se analiza esta norma frente a otros ordenamientos constitucionales tales como el Artículo 17 de la Constitución, el que establece que "en los casos de asesinato, parricidio y traición a la patria, se aplicará la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto", encontramos una clara contradicción entre las dos normas, debiendo prevalecer en su aplicación esta última a la luz del Art. 228 de la Constitución Nacional.4

4. A pesar de que la Comisión no ha recibido denuncias de aplicación efectiva de la pena de muerte en virtud de la citada norma legal desea precisar que, en su opinión, esta disposición es contraria no sólo de la Constitución sino al espíritu del mismo Código que señala en su Art. 25 como fines de la sanción penal la enmienda y readaptación social del delincuente.5

B. Denuncias de Violaciones del Derecho a la Vida

1. La Comisión se referirá en esta sección a las denuncias que sobre alegadas violaciones del Derecho a la Vida ha recibido a partir del pronunciamiento Militar del 17 de julio de 1980, y en las cuales se imputa a diferentes fuerzas de seguridad o a agentes gubernamentales la muerte de diferentes personas.

Entre las denuncias recibidas por la CIDH pueden citarse las siguientes:

2. Caso 7458 – Marcelo Quiroga Santa Cruz

El 23 de julio de 1980 la Comisión recibió una denuncia en la cual se alegaba el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder y candidato a la Presidencia del Partido socialista Boliviano, durante el allanamiento que adelantaron fuerzas de seguridad el mismo día del golpe militar en la sede de la Central Obrera Boliviana, en momentos en que se desarrollaba una reunión del Comité Nacional de Defensa de la Democracia CONADE.

En comunicación del 23 de agosto de 1980, la Comisión se dirigió al gobierno boliviano solicitando la información que considerase oportuna acerca de los hechos denunciados.6 Posteriormente, la Comisión reiteró en carta del 16 de diciembre de 1980 la solicitud de información haciendo referencia a las disposiciones reglamentarias.

Hasta la fecha el Gobierno de Bolivia no ha respondido a los pedidos de información. Sin embargo, la CIDH ha recibido documentos y testimonios de personas que presenciaron los hechos en los cuales murió el señor Quiroga Santa Cruz, los cuales le permiten concluir que agentes gubernamentales de una manera irregular le ocasionaron la muerte.

El siguiente testimonio recibido por la Comisión fue elaborado por un testigo presencial de los hechos, cuyo nombre ha sido omitido por petición expresa de los denunciantes.

A las 9:10 del día 17 de julio se recibió la noticia el alzamiento militar en Trinidad, por Radio Fides. Es interesante notar que al principio mucha gente desestimó la importancia y urgencia del pronunciamiento militar. Al contactar a los miembros de la COB para llamar a una reunión d CONADE, el Secretario, de la Organización dijo que ya se conocía la noticia y que se consideraba un movimiento aislado, razón por la que se pensaba convocar a una reunión por la tarde. Sólo con mucha dificultad se pudo cita a los componentes de CONADE para las 11:00 a.m. Algunos querían esperar hasta tener una información más completa y repetían los mismos argumentos de siempre contra la posibilidad de un golpe de Estado en el actual momento.

Lo peligroso de este golpe es que muestra que estamos entrando en una era en la que será posible imponer sistemas represivos sin la más mínima justificación ideológica, social y política. Hay otras implicaciones de este golpe todavía más siniestras que habrá que analizar.

Al llegar a la sede de la COB a las 10:30 a.m. nos encontramos con los miembros de la CONADE, muchos periodistas y personas observadoras, unas 50 personas en total. Los periodistas pasaban continuamente a sus respectivas radios la noticia de que CONADE se reuniría a las 11 para considerar la situación imperante. Entramos en la oficina de Lechín puntualmente. Antes de la iniciación de la reunión se insistió en la necesidad de que el Dr. Víctor Paz Estenssoro también estuviera presente o, en su defecto, algún representante suyo, lo cual no se logró. Estuvieron presentes representantes de partidos políticos, dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de la Federación de Mineros, representantes de instituciones religiosas y de derechos humanos, todos ellos miembros componentes de CONADE. Había además otras personas que no habían asistido en anteriores reuniones.

Se empezó inmediatamente a discutir el contenido del documento que habría de redactarse. Marcelo Quiroga Santa Cruz expuso su criterio de que la situación era sumamente grave y que CONADE tenía que actuar con firmeza y rapidez declarando el bloqueo y paro en los Departamentos donde el golpe ya había estallado. Lechín fue todavía más radical diciendo que era probable que ni la COB ni CONADE TENDRÍAN OTRA OPORTUNIDAD DE REUNIRSE Y QUE HABÍA QUE DECRETAR EL BLOQUEO Y EL PARO EN TODO EL PAÍS A PARTIR DE HORAS 15:00. Este criterio fue aceptado y se empezó a redactar el documento.

A las 11:15 se confirmó la noticia de que Santa Cruz se había plegado al golpe y los redactores se apresuraron a terminar con el documento. A las 11:30 Lechín leyó el decreto de Paro y Bloqueo a la prensa oral y escrita. Algunas personas salieron entonces de la reunión en la tarde. Se tuvo que solicitar a las personas que no eran de CONADE que abandonaran la sala.

Antes de comenzar la reunión entraron varios periodistas y un camarógrafo de la TV para filmar la lectura del documento por Simón Reyes. Al llegar a la mitad de la lectura del mismo, a las 11:40 a.m. escuchamos tiros de armas automáticas dirigidas contra el edificio de la COB. No sabíamos que pensar, creíamos que fue un jeep que había tirado al pasar para asustar a los asistentes, pero enseguida se largó una ráfaga fuerte que alcanzó a la sala donde estaban reunidos los miembros de CONADE y también a la antesala donde esperaba otra gente. Todos se echaron al suelo entre mucho vidrio roto y las lámparas humeantes del equipo de TV. Pasaron unos segundos más, hasta que más ráfagas y tiros sueltos convencieron a todos que se estaba produciendo un asalto a la COB. La gente empezó a arrastrarse por el suelo, algunos tratando de encontrar un lugar para esconderse, otros buscando la manera de escapar. El grupo en que estaba Marcelo buscaba una salida por el patio de atrás, llegó a un cuarto que daba a este patio, pero se vio que los paramilitares habían rodeado el edificio, por lo menos había una paramilitar atrás y tal vez más. Empezó una baleadura al cuarto donde estaba el grupo, la mayor parte el cual pasó al cuarto del lado que no tenía ventanas y era más seguro. En este grupo había un total unas 15 personas más o menos. Unas 10 o 12 personas estaban sentadas en el cuartito sin ventanas y unas 4 o 5 en el cuarto grande. Los de adentro consultaron entre sí rápidamente y se concluyó que había que rendirse antes de que los tiros los alcancen. Germán Crespo empezó a gritar "Nos rendimos, estamos sin armas, nos damos. somos de la Iglesia". A lo que la respuesta fue otra ráfaga con unos tiros sueltos más. Germán volvió a repetir lo mismo. Un paramilitar gritó: "Bien. Entendido. Salgan de allí". Nadie se movió. Todos pensaban que los iban a ametrallar al salir. Germán gritó otra vez: "Somos de la Iglesia, estamos sin armas". El paramilitar: "Por eso, salgan de allí con las manos en la nuca". Nadie se movió, forzando a los paramilitares a entrar al cuarto con mucha desconfianza y cautela, como esperando una trampa. Entraron unos 6 o 7 uno por uno, cada uno con la espalda contra la pared hasta que todos estaban adentro, era la primera vez que podíamos verlos, todos estaban con el rostro descubierto, vestidos de civil de distintas maneras, eran bolivianos de aspecto, morenos y hablaban sin acento. Todos portaban el mismo tipo de arma automática (rifle de cañón mediano con clip). Nos empezaron a sacar del cuarto, a algunos a empujones para apurarnos, diciendo "rápido, más rápido". No me acuerdo quien salió primero, ni el orden de salida, buscando la manera de escapar me fui atrasando. Pero no hubo caso, y tuve que salir el tercero o cuarto. Nos llevaron hasta la escalera y empezamos a descender. Habían unos 3 o 4 paramilitares en el pasillo entre el cuarto y las escaleras. Yo me demoraba en bajar, otros bajaban rápido. Nos dijeron que bajáramos en fila india, por eso me sorprendió cuando me pasó Marcelo, caminando muy rápido, casi corriendo. El había pasado delante de los 6 paramilitares del cuarto y los 3 del pasillo sin que ellos lo reconocieran. Los paramilitares estaban disparando continuamente; no se sabía si estaban matando a otros en el edificio o si lo hacían para apurarnos. A la altura del primer piso, habían dos paramilitares más, uno de ellos, un petizo, reconoció a Marcelo cuando éste le estaba pasando, lo jaló por el saco gritando: "aqui esta Quiroga". Marcelo trató de desprenderse, diciendo "estoy sin armas, quiero bajar con los otros". El paramilitar dijo "cabrón, cojudo, te vas a quedar con nosotros". Pero Marcelo, con las manos siempre en la nuca, hizo un esfuerzo y se desprendió del paramilitar y empezó a bajar la escalera dentro del primer piso y la vuelta de la escalera a la calle. El petizo se puso furioso (yo había dejado de bajar y estaba mirando inmóvil) y gritó "si no te paras te disparo". Marcelo inmediatamente se paró, dio la vuelta para dar la cara y no la espalda a los paramilitares, todavía con las manos en la nuca. En ese mismo instante, uno de los paramilitares disparó a Quiroga de una distancia de unos 3 o 4 metros y Marcelo cayó fuertemente de espaldas, evidentemente alcanzado por la bala. Cayó herido, del lado izquierdo, quedándose en el quinto peldaño. Otra vez los paramilitares nos apuraron a bajar y al pasar a Marcelo miré para ver si podía detectar el lugar de su herida, que debido a su manera de caer, me pareció que tenía que ser en el pecho izquierdo, pero como tuve que pasar casi corriente, no lo noté.

Al salir a la calle, vi que los paramilitares habían cortado el paso de peatones en la vereda y que desde la COB hasta la Plaza del Estudiante, despojaron la calle, una distancia de 40 a 50 metros. Nos hicieron dar la vuelta a la derecho y empezamos a caminar por la vereda hacia abajo donde estaban estacionadas unas 3 ambulancias blancas a unos 40 metros de la COB, aparentemente para que nadie advierta el operativo desde la COB. Pasamos a unos 2 o 3 paramilitares que estaban alineados en la vereda. Uno de ellos se acercó a la primera ambulancia, abrió la puerta y gritó "adentro". Germán Crespo era el primero de la fila y estaba a unos 5 metros de la ambulancia cuando los paramilitares se pusieron nerviosos porque muchos peatones de la vereda del frente empezaron a cruzar la calle y acercarse a nosotros para ver mejor lo que pasaba. Alguien gritó "somos de CONADE" y los paramilitares empezaron a disparar al aire para dispersarlos descuidando la fila por un momento. En ese mismo instante algunos presos estaban pasando el Edificio Avenida, que tenía su entrada cerrada por una cortina de hierro, pero una puerta pequeña que no estaba del todo cerrada; aprovechando la distracción momentánea de los paramilitares 4 de nosotros logramos meternos por la puerta pudiendo escapar.

Las autoridades bolivianas no permitieron que se realizara una autopsia del cadáver de Marcelo Quiroga. En ese mismo operativo murió también el dirigente minero Catavi Gualberto Vega. La CIDH espera una investigación seria de los hechos que permita sancionar a los responsables. La información que suministró el Gobierno en su nota del 17 de noviembre de 1980, no aportó ningún elemento de convicción que permita desvirtuar el contenido de la denuncia.

La CIDH, en su 53º período de sesiones conoció de este caso, adoptando una Resolución sobre el mismo en la cual observa al Gobierno boliviano que a la luz de los antecedentes recogidos, las circunstancias irregulares en que murió el señor Marcelo Quiroga, constituyen gravísima violación a los derechos fundamentales. También, la Comisión recomendó disponer una investigación completa e imparcial, para determinar la autoría de los hechos denunciados y sancionar a los responsables, solicitando al Gobierno que en un plazo de 90 días informase acerca de las medidas tomadas para poner en práctica estas recomendaciones.

Vencido el plazo, sin recibir respuesta del gobierno, la Comisión ha decidido publicar esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General.

3. Caso 7481: Población de Caracoles

El 22 de agosto de 1980, se recibió la siguiente denuncia con relación a los hechos ocurridos en la Población de Caracoles.

El regimiento MAX TOLEDO de Viacha, una fracción del regimiento "TARAPACA" y el regimiento "CAMACHO DE ORURO" atacaron CARACOLES con cañones, morteros, tanques y avionetas de guerra. Los mineros se defendieron con piedras, palos y algunas cargas de dinamita. Hasta el lunes en la tarde la mayor parte de los mineros fueron exterminados y los sobrevivientes huyeron a los cerros y otros a las casas de "Villa Carmen". Las fuerzas del ejército los persiguieron, ultimando a los hombres en sus casas, a otros apresaron y torturaron y a muchos les atravesaron con bayonetas. También a los heridos los degollaron.

A un minero en plena plaza le metieron dinamita en la boca y le hicieron volar en pedazos.

Saquearon las viviendas y cargaron los camiones con televisores, máquinas, radiotocadiscos 3 en uno, termos, camas, dinero, mercaderías en las tiendas, la agencia de Manaco y Zamora, la pulpería, etc.

A los niños les azotaron con cables y les hicieron comer pólvora. A los jovencitos les hicieron echar sobre vidrio quebrado, obligando a las madres pasar sobre ellos, luego los soldados marcharon encima de ellos.

Los del ejército parecían fieras salvajes porque estaban drogados y no vacilaron en violar a las señoras y también a las jovencitas y hasta niñas.

Sacrificaron ovejas, gallinas, cerdos, etc., cargándoselos a los camiones.

El martes 5 de agosto, al amanecer han cargado a los muertos, herido en 3 camiones rumbo a la Paz. Hasta el día viernes siguieron trayendo a los presos amarrados con alambres.

A las mujeres les prohibieron recoger a los muertos para darles cristiana sepultura, diciéndoles: "no hay orden". Recién el viernes dieron orden para buscar a los muertos, pero sólo encontraron sacones, pantalones, chompas, jarros, calzados, etc., empapados de sangre, los muertos habían desaparecido. Algunos fueron echados en una fosa detrás del cementerio a los cuales no se les dejó identificar. Hay más o menos 900 desaparecidos. No se sabe si están vivos o muertos.

Adjuntamos algunos nombres de desaparecidos, heridos, muertos y presos:

1. MUERTOS

Olimpia de Sánchez
Francisco Choque
Rufino Apaza
Julio Hueso
Quintín Colque
Ignacio Miranda
Pedro Choque
Rufino Chambi

2. Tres señoras que murieron con hemorragia a causa de las violaciones.

3. HERIDOS

Martin Urquiola
Alberto Inca
Andrés Villca (12 años) se volvió loco
Jorge Choque

4. DESAPARECIDOS

Alejandro Miranda
David Salazar
Agustin Chile (menor de edad)
Antonio Inca
Monje Quispe
Pacífico Vargas
Alberto Gonzalca
Juan Namani
Octavio Argollo
Genaro Zonco
José Gutiérrez
Juan Charcas
Felix Flores
Florencio Mamani

5. PRESOS

José Mina
Ponciano Mina
Valentín Lobo
Antonio Pérez
Dionisio Laura
Desiderio Mamani
Pedro Mérido
Eustaquio Flores
Juan Mérida
Genaro Chipana
Luis Zegorro
Benanco Pérez

6. PRESOS (fueron despachados en avión rumbo a "Puerto Rico, Pando")

Ladiuldo Vargas (Estudiante del colegio de Cuarto medio)
Pedro Inca
Primo Limachi
Mario Luna

Mediante comunicación del 29 de agosto de 1980 la Comisión transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de Bolivia, solicitándole que suministrase la información que considere oportuna.

El Gobierno boliviano no ha respondido a la Comisión, a pesar de haber reiterado la solicitud de información por nota del 16 de diciembre de 1980.7

Para la Comisión ha sido difícil poder establecer con exactitud como ocurrieron los hechos denunciados y cual fue efectivamente la magnitud de los sucesos. Ello es aún más difícil si el Gobierno no informa o suministra adecuadamente los detalles que le permitan conocer de manera objetiva lo que realmente ocurrió.

Las informaciones que en todo caso ha podido recolectar la CIDH indican que los pobladores del Pueblo de Caracoles, mineros en su gran mayoría, el 17 de julio se declararon en huelga en señal de protesta por el Golpe Militar y optaron por impedir el acceso de las Fuerzas Armadas al pueblo.

Las fuentes indican que los habitantes habían minado las vías de acceso al pueblo y en su poder se encontraban algunas armas. La iglesia adelantaba gestiones con el fin de lograr que los mineros se reintegraran a sus labores. En estas circunstancias pareciera se llevó a cabo la operación militar que ocasionó, en todo caso, la muerte y detención de un número considerable de personas.8

De acuerdo a una versión recibida por la Comisión, los hechos ocurrieron así:

Era el domingo 4 de agosto cuando entraron a la población 13 camiones y dos tanquetas de los regimientos Camacho, Huachacala y Bolivar a la población de Caracoles. Nosotros nos manteníamos en huelga desde el 17 siguiendo las instrucciones de CONADE. Se nos dijo que había que resistir hasta el 6 de agosto y para ello nos preparamos. Se reunieron algunas armas cortas y dinamita, baterías de auto y se minaron los caminos de acceso. El viernes habíamos tenido asamblea y esperábamos instrucciones pero faltaba coordinación. En esa Asamblea se decidió no quedar más a la defensiva y hacer acciones de ofensiva.

Estaba con nosotros un dirigente de la COB y tres de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), pero no se tenía comunicación con el exterior, pese a que se logró conexión con los Yungas y otras zonas campesinas. Los campesinos se concentraron en Caracoles. Eran 1200 a 1500, Cada uno se quedaba 3 días y luego iba a traer alimentos. Los últimos días no teníamos para comer y las pulperías estaban prácticamente desabastecidas pero teníamos comida porque la traían las compañeras de choque, en las células y en las asambleas. Eran el contacto con Caranavi, Cañadon Antequera y Zongo.

El domingo divisamos la tropa y preparamos la resistencia. Una señora denunció que el camino estaba minado y que llegaron a pie. Se mató en combate a un teniente y en ese primer encuentro hirieron a varios militares. El teniente tenía un hermano) teniente coronel en El Alto y este al enterarse que murió su hermano llegó con 19 camiones "camanes" morteros y más tanquetas. El lunes ya los mineros no tenían munición y fue una carnicería. El combate fue primero en Sayacilla y Tacuni. El pueblo civil se escondió en el hospital. A las 5:30 de la madrugada una ambulancia recogió al teniente. Mientras llegaron mineros de San Vicente y de la mina "Argentina", pero el martes ya el triunfo era de ellos y tuvimos que huir. El pueblo parece ahora un cementerio de 1500 trabajadores quedan 400 pues muchos han muerto, están presos o han escapado. Sólo se oye el llanto de los niños y las mujeres.

4. Caso 7739 – Dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

A través de diferentes medios de información, pero especialmente en diversas comunicaciones recibidas el 23 de enero de 1980, la CIDH conoció de la muerte de 8 de los principales dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) el día 15 de enero, mientras se desarrollaba una reunión de la dirección nacional de ese grupo político.

La Comisión transmitió en comunicación del 19 de febrero de 1981, esta denuncia al Gobierno, solicitando la información correspondiente. Las partes pertinentes señalaban:

De acuerdo con informes recibidos en la tarde del 16 de enero de 1981, un grupo combinado de fuerzas paramilitares y soldados regulares, actuando bajo instrucciones del Ministerio del Interior, allanaron una casa en la Ciudad de La Paz, en la que se desarrollaba una reunión de líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido de carácter radical nacionalista, el cual había ganado 6 escaños en el Congreso en las elecciones de 1979.

Cerca de 15 personas asistían a la reunión incluyendo representantes de la Central Obrera Boliviana. Según los informes, soldados rodearon el edificio y a pesar de que no fue puesta ninguna resistencia nueve personas fueron asesinadas. Se han presentado alegaciones de que algunas de las víctimas fueron objeto de tortura antes de su muerte. Posteriormente en una Conferencia de Prensa, el Ministro del Interior informó que 9 guerrilleros y un policía habían sido asesinados en un enfrentamiento armado.

Se cree que las siguientes personas murieron:

ARTEMIO CAMARGO: Líder de la Federación Sindical de los Trabajadores Mineros (FSTMB). Trabajaba en la mina del Siglo XX.

JOSÉ REYES CARVAJAL: De 41 años, antiguo policía y quien había sido elegido Diputado por la Ciudad de la Paz, por la Unión Democrática Popular en las elecciones de 1980.

JOSÉ LUIS SUÁREZ GUZMAN: Profesor Universitario.
ARIEL MENACHO: De cerca de 50 años, miembro organizador del MIR en Pando.
KOREE BALDIVIESO: De cerca de 35 años, organizador del MIR en Oruro.
RICARDO NAVARRO MOGRO: De cerca de 30 años, Profesor Universitario.
GONZALO BARON: Líder Estudiantil.
RAMIRO VELASCO AVILES: De aproximadamente 35 años de edad.

A pesar de que la Comisión reiteró su pedido de información mediante nota del 13 de abril de 1981, hasta la fecha el Gobierno de Bolivia no ha suministrado los informes pertinentes del caso referido. No obstante lo anterior, la Comisión ha tenido informaciones de diferentes fuentes en el afán de precisar con toda claridad como ocurrieron los hechos denunciados.

En la tarde del 6 de enero de 1981, el Ministerio del Interior por medio del Departamento de Comunicación Social expidió un comunicado en los siguientes términos:

El día de ayer en la tarde a horas 18:00 fuerzas de seguridad del Estado intervinieron una reunión de delincuentes subversivos que se realizada en un domicilio de las calles Abdón Saavedra y Harrington. Rodeado el edificio, los componentes de la reunión ofrecieron resistencia, por que se produjo un combate que duró 20 minutos. En la refriega murieron 9 personas y resultaron 4 heridas. Entre los muertos se han identificado a: Ramiro Hernán Velasco Arce, José Luis Enrique Suárez Guzmán, Freddy Marquez, René Angel Contreras Losa, Rodrigo Arce Gómez, José Alejandro Reyes Carvajal, Mario Luis Paredes Lianos, Arcil Menacho. De las fuerzas de seguridad del Estado fue muerto el agente Juan Rodríguez Luna y heridos 4 otros miembros. A causa del operativo en el mencionado edificio se encontró dinamita en cantidades importantes, armamento, granadas de fabricación cubana; asimismo han sido detenidas varias personas, secuestrada una amplia documentación y profusa panfletería. De su breve examen, pudo establecerse que estaban siendo preparados grupos de elementos extranjeros con encargo de comerciantes, intelectuales, obreros, dirigentes políticos y sindicales, para atribuirles responsabilidad a organismos del gobierno y de las propias FFAA. El Ministerio del Interior, Migración y Justicia comunica a la opinión pública que, con la evaluación de las pruebas existentes procederá a la captura de otros miembros subversivos, cómplices y encubridores de los mismos. La Paz, 16 de enero de 1981.

Los informes indican que la opinión pública recibió con sorpresa el comunicado transcrito dada la relevancia pública de los muertos y asimismo le dio poca credibilidad, puesto que a pesar de que el MIR y la UDP, constituían en ese momento, una de las fuerzas políticas opositoras más claras, en repetidas ocasiones se habían pronunciado en contra de toda forma de terrorismo, señalando su vocación y ánimo democrático.

En uno de los documentos recibidos por la Comisión se señala:9

Sábado 17 de enero – El Arzobispo de la Paz, Monseñor Jorge Manrique calificó como de "insuficiente" las informaciones proporcionadas por el Ministerio del Interior en relación a la muerte de 8 dirigentes del MIR. El Arzobispo que ha adquirido un especial relieve por su permanente denuncia de la violación de los derechos humanos, se mostró reacio a dar total credibilidad a la versión gubernamental de que las muertes se habrían producido a raíz de un enfrentamiento entre los agentes de seguridad y los dirigentes políticos muertos y pidió del gobierno un inmediato esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el Secretario General de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Monseñor Alejandro Mestre, anunció que la Iglesia interpondrá sus buenos oficios ante el gobierno para que los cadáveres de los dirigentes del MIR sean devueltos a sus familiares y reciban cristiana sepultura. Esta actitud de la Iglesia fue calificada, en la Paz, como expresiva de un sentimiento generalizado de consternación ante la muerte de los dirigentes miristas, en circunstancias, al parecer, dudosas y que ponen nuevamente en tela de juicio, tanto nacional como internacionalmente, los procedimientos que utiliza el gobierno militar para controlar a una oposición que, al parecer, día que pasa se hace más vigorosa y abierta.

Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, Presidente y Vicepresidente del GUN respectivamente, emitieron una extensa declaración desde la capital peruana, Lima, en la cual denuncian el "salvaje asesinato" de 9 dirigentes del MIR, dando al mismo tiempo, una nueva y distinta versión de los hechos que se habrían producido el día jueves 15 en la ciudad de la Paz, así como una más completa nómina de los políticos muertos por agentes de seguridad del gobierno.

En partes textuales de la declaración se establece que: "el día jueves 15 de enero del presente año, fuerzas paramilitares y de seguridad de la dictadura irrumpieron con criminal violencia en la casa donde se reunía la Dirección Nacional de la Resistencia (DNR) del MIR, que cumplía responsable y consecuentemente su tarea en la resistencia en momentos en que el pueblo boliviano era golpeado por las recientes medidas económicas. Allí mismo --destaca la declaración— en el acto, después de ser salvajemente torturados, fueron asesinados los compañeros: …

Más adelante agrega:

Desmintiendo la versión oficial del día viernes, la declaración agrega: "El régimen usurpador ha presentado su propia y mendaz versión sobre el asesinato de los dirigentes del MIR, añadiendo la calumnia al crimen cuando presente a las víctimas como ‘delincuentes subversivos‘(…) terroristas armados de bombas, con planes macabros para asesinar oficiales del ejército boliviano, y que finalmente cayeron en un enfrentamiento armado con agentes de seguridad’. Esta grotesca versión --continúa la declaración— no puede ser jamás aceptada por el pueblo boliviano, ni por los pueblos y gobiernos aceptada por el pueblo boliviano, ni por los pueblos y gobiernos democráticos. Se trata de un asesinato con precedentes difíciles de encontrar en la larga y compleja historia de nuestro país".

El mismo informa:

Domingo 18 de enero: La Junta Militar entregó los cadáveres de los ocho dirigentes opositores muertos por agentes de seguridad del Estado, cuando se llevaba a cabo una reunión política en un barrio de la ciudad de la Paz. Un comunicado de la Secretaría General de Informaciones, difundido hoy, enfatiza que se "decidió la entrega de los cadáveres de las personas que fallecieron a sus respectivas familias". Agrega el comunicado que los organismos de seguridad procederán a una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido el pasado jueves 15 cuando a raíz de un allanamiento murieron ocho dirigentes del MIR. Este anuncio, al parecer, responde a la inquietud demostrada por la Iglesia y otros sectores de opinión, que manifestaron sus dudas acerca de la veracidad de la versión oficial que hablaba de resistencia armada y de enfrentamiento.

Los cadáveres de los dirigentes del MIR, Ramiro Hernán Velasco y Luis Suárez Guzmán fueron enterrados ayer sábado. De acuerdo a la invitación religiosa aparecida en el matutino PRESENCIA, se pudo confirmar que Luis Suárez fue hijo del Gral. Hugo suárez Guzmán. También fue publicado, en el mismo periódico, otra invitación necrológica al entierro del Lic. Ricardo Navarro Mogro, de quien se indica "fue un noble y digno ciudadano boliviano". El Ministerio del Interior no consignó el nombre de Navarro Magro dentro de la lista de ocho dirigentes opositores muertos el pasado jueves por fuerzas de seguridad del gobierno. Se informa que el sepelio se realizó con gran concurrencia de familiares y amigos.

Posteriormente, el 20 de enero, la Junta Militar anunció a través de los diarios "Hoy" y "El Diario", que los Servicios de Inteligencia detectaron y aniquilaron un vasto plan subversivo de alcance internacional, destinado a provocar la concurrencia armada y la toma del poder en el país.

El gobierno Militar aparentemente para dar una respuesta a los pedidos del Arzobispo Manrique, atribuyó tal plan al Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. El Gobierno publicó una lista de 50 dirigentes miristas, a los que atribuye la organización y responsabilidad del grupo subversivo.

Líderes de la Unidad Democrática Popular de la cual hacía parte el MIR, grupo político que había ganado las elecciones en 1980, reafirmaron que los Miembros del MIR fueron salvajemente asesinados y que la Junta Militar falsea los hechos mediante comunicados que aluden a enfrentamientos y planes subversivos.10

En el mes de febrero de 1981 el Ministerio del Interior señaló que los muertos estaban vinculados con el tráfico de drogas. Ante tal hecho los familiares de las víctimas el 15 de febrero publicaron una carta abierta en la cual, en términos muy enérgicos niegan tal sindicación. Informes que ha podido reunir la CIDH señalan que los familiares estaban siendo vigilados por los Organismos de Seguridad.

La CIDH, en su 53º período de sesiones conoció de este caso, adoptando una Resolución sobre el mismo en la cual observa al Gobierno boliviano que las circunstancias irregulares en que murieron estos dirigentes constituyen gravísima violación a los derechos fundamentales. También, la Comisión recomendó disponer una investigación completa e imparcial, para determinar la autoría de los hechos denunciados y sancionar a los responsables, solicitando al Gobierno que en un plazo de 90 días informase acerca de las medidas tomadas para poner en práctica estas recomendaciones.

Vencido el plazo, sin recibir respuesta del Gobierno, la Comisión ha decidido publicar esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General.

Hasta la fecha la Comisión no ha recibido informaciones del Gobierno, ni conoce si se han adelantado las investigaciones del caso, así como tampoco si se han sancionado a los responsables.11

5. Por otra parte la Comisión debe lamentar las informaciones que ha podido conocer, en el sentido de atribuir a fuerzas paramilitares, que actúan bajo instrucciones y responsabilidad del Ministerio del Interior, hechos que han afectado seriamente el Derecho a la Vida.12

6. Asimismo, se alega que estos grupos obran con gran impunidad en las detenciones, allanamientos e interrogatorios de las víctimas. en situaciones tales como las ocurridas el 17 de julio y el 15 de enero pareciera que esa impunidad obedece a una decisión de altas autoridades gubernamentales de perseguir a cualquier grupo de personas, organización política o sindical que pueda representar una oposición así sea pacífica, a los propósitos de la Junta Militar.

7. Aún cuando es difícil establecer el número de personas afectadas en el Derecho a la Vida y los responsables por su violación, los elementos de juicio de que dispone la Comisión, le permiten concluir que fuerzas de seguridad y grupos paramilitares actuando de manera irregular han ocasionado violaciones a este derecho fundamental.

C. Informaciones recibidas por la CIDH relativas a presuntas desapariciones

1. Preocupa a la Comisión de manera especial algunas informaciones recibidas según las cuales en los días siguientes al golpe militar y dada la total impunidad con que actuaban los grupos paramilitares y oficiales, se presentaron casos de detenciones seguridad con la desaparición de las personas detenidas.

2. La Comisión no puede precisar el número de desapariciones ocurridas durante el lapso que ha transcurrido desde el 17 de julio; sin embargo, algunos casos como los señalados en la denuncia sobre la Población de Caracoles y otras como el de Elías Raphael Flores, Renato Ticona, Raúl Coronel Soto, y José Luis Martínez,13 indican que los operativos que se han llevado a cabo han dejado efectivamente un saldo de desapariciones.

2  Artículo 7 – toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: a) a la vida, ….

3  La Convención Americana establece en su Artículo 4, numerales 2, 3 y 4 lo siguiente: 2) En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3) No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 4) En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

4  Artículo 228 – La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del Ordenamiento Jurídico Nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones.

5  Por declaraciones del 17 de octubre de 1980 efectuadas por el Coronel Luis Arce, en ese entonces Ministro del Interior, y publicadas en diferentes medios de comunicación, la CIDH tomó conocimiento de que el Gobierno Militar de Bolivia en el mes de noviembre se disponía a expedir una drástica Ley de Seguridad en la cual impondría dentro de las sanciones la pena de muerte. El 13 de noviembre de 1980, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Alejandro Mestre, dirigió una carta al General Luis García Meza, en la cual la Iglesia Católica presentó serias objeciones a la anunciada nueva Ley de Seguridad y señala que las leyes y la Constitución Política de 1967, son suficientes para mantener el orden interno y garantizar la convivencia ciudadana. Seguidamente el 19 de noviembre el General García anunció que no se dictará una nueva Ley de Seguridad del Estado, pero esto no impedirá que se aprueben medidas complementarias que resguarden el orden, la paz y la tranquilidad.

6  A pesar de que el Gobierno de Bolivia no ha respondido a esta denuncia individual, en la nota que dirigió a la CIDH en el mes de noviembre de 1980, informó que el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz había fallecido el 17 de julio de 1980 al resistir la acción de la fuerzas del orden.

7  En la nota informativa remitida a la CIDH el 14 de noviembre de 1980, a la cual la Comisión se refirió anteriormente el Gobierno informó: "En la localidad de Caracoles, como consecuencia de desórdenes, resultaron muertos 4 civiles, un oficial del ejército y un soldado".

8  Según las informaciones de que dispone la Comisión, las áreas mineras se constituyeron en los principales centros de resistencia al Gobierno militar del General García Meza. Como consecuencia el nuevo Gobierno dispuso un control militar estricto de esas zonas. Se han denunciado muertes irregulares, detenciones y diferentes atropellos que atentan contra la vida de los habitantes de estos sectores especialmente en los Centros de Uncla, Huanuni, Catavi, Siglo XX y Miraflores.

Los dirigentes sindicales de Catavi y Siglo XX quisieron establecer un diálogo con las autoridades militares sin resultado positivo.

9  "Bolivia Semanal", Editor: PADI (Quito, Ecuador) del 12 al 18 de enero de 1981. Las fuentes de información de este semanario son de carácter público y proceden de agencias internacionales de noticias, de periódicos de Bolivia y de Latinoamérica.

10  Testimonios señalan que, José Reyes, uno de los líderes asesinados, al iniciarse el operativo salió a la calle a entablar un diálogo con el grupo que realizaba el mismo, siendo ametrallado.

11  El 5 de febrero el Consejo Episcopal Permanente suscribió un documento que lleva la firma del Cardenal Clemente Maurer y 16 Obispos en el cual exige del Gobierno el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 15 de enero, y denuncia la continuación de las prácticas de tortura física y psicológica para los detenidos políticos, pidiendo la sanción para sus autores.

12  Informaciones recibidas por la Comisión señalan que el dirigente campesino Florencio Gabriel, falleció el día 3 de junio de 1981, como consecuencia de los malos tratos recibidos durante las tres ocasiones en que fue detenido.

13  En la situación de José Luis Martínez, la CIDH ha recibido informes sobre la detención, la cual se realizó el 12 de diciembre de 1980 en su residencia, sin que hasta la fecha haya sido reconocido aún cuando extraoficialmente se afirma que se encontraría en la localidad de Oyuni en un lugar secreto de detención.