A. Consideraciones Generales
1. La Constitución boliviana de 1967, actualmente vigente, en su
Artículo 7 consagra, con arreglo a la ley que reglamente su ejercicio, el Derecho a la
Vida, como uno de sus derechos fundamentales.2
2. El Artículo 26 del Código Penal establece que la pena de muerte se
aplicará a los delitos de parricidio, asesinato y traición a la patria.3
3. Si se analiza esta norma frente a otros ordenamientos
constitucionales tales como el Artículo 17 de la Constitución, el que establece que
"en los casos de asesinato, parricidio y traición a la patria, se aplicará la pena
de 30 años de presidio sin derecho a indulto", encontramos una clara contradicción
entre las dos normas, debiendo prevalecer en su aplicación esta última a la luz del Art.
228 de la Constitución Nacional.4
4. A pesar de que la Comisión no ha recibido denuncias de aplicación
efectiva de la pena de muerte en virtud de la citada norma legal desea precisar que, en su
opinión, esta disposición es contraria no sólo de la Constitución sino al espíritu
del mismo Código que señala en su Art. 25 como fines de la sanción penal la enmienda y
readaptación social del delincuente.5
B.
Denuncias de Violaciones del Derecho a la Vida
1. La Comisión se referirá en esta sección a las denuncias que sobre
alegadas violaciones del Derecho a la Vida ha recibido a partir del pronunciamiento
Militar del 17 de julio de 1980, y en las cuales se imputa a diferentes fuerzas de
seguridad o a agentes gubernamentales la muerte de diferentes personas.
Entre las denuncias recibidas por la CIDH pueden citarse las
siguientes:
2. Caso 7458 Marcelo Quiroga Santa Cruz
El 23 de julio de 1980 la Comisión recibió una denuncia en la cual se
alegaba el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder y candidato a la Presidencia
del Partido socialista Boliviano, durante el allanamiento que adelantaron fuerzas de
seguridad el mismo día del golpe militar en la sede de la Central Obrera Boliviana, en
momentos en que se desarrollaba una reunión del Comité Nacional de Defensa de la
Democracia CONADE.
En comunicación del 23 de agosto de 1980, la Comisión se dirigió al
gobierno boliviano solicitando la información que considerase oportuna acerca de los
hechos denunciados.6 Posteriormente, la Comisión
reiteró en carta del 16 de diciembre de 1980 la solicitud de información haciendo
referencia a las disposiciones reglamentarias.
Hasta la fecha el Gobierno de Bolivia no ha respondido a los pedidos de
información. Sin embargo, la CIDH ha recibido documentos y testimonios de personas que
presenciaron los hechos en los cuales murió el señor Quiroga Santa Cruz, los cuales le
permiten concluir que agentes gubernamentales de una manera irregular le ocasionaron la
muerte.
El siguiente testimonio recibido por la Comisión fue elaborado por un
testigo presencial de los hechos, cuyo nombre ha sido omitido por petición expresa de los
denunciantes.
A las 9:10 del día 17 de julio se recibió la noticia el alzamiento
militar en Trinidad, por Radio Fides. Es interesante notar que al principio mucha gente
desestimó la importancia y urgencia del pronunciamiento militar. Al contactar a los
miembros de la COB para llamar a una reunión d CONADE, el Secretario, de la Organización
dijo que ya se conocía la noticia y que se consideraba un movimiento aislado, razón por
la que se pensaba convocar a una reunión por la tarde. Sólo con mucha dificultad se pudo
cita a los componentes de CONADE para las 11:00 a.m. Algunos querían esperar hasta tener
una información más completa y repetían los mismos argumentos de siempre contra la
posibilidad de un golpe de Estado en el actual momento.
Lo peligroso de este golpe es que muestra que estamos entrando en una
era en la que será posible imponer sistemas represivos sin la más mínima justificación
ideológica, social y política. Hay otras implicaciones de este golpe todavía más
siniestras que habrá que analizar.
Al llegar a la sede de la COB a las 10:30 a.m. nos encontramos con los
miembros de la CONADE, muchos periodistas y personas observadoras, unas 50 personas en
total. Los periodistas pasaban continuamente a sus respectivas radios la noticia de que
CONADE se reuniría a las 11 para considerar la situación imperante. Entramos en la
oficina de Lechín puntualmente. Antes de la iniciación de la reunión se insistió en la
necesidad de que el Dr. Víctor Paz Estenssoro también estuviera presente o, en su
defecto, algún representante suyo, lo cual no se logró. Estuvieron presentes
representantes de partidos políticos, dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de la
Federación de Mineros, representantes de instituciones religiosas y de derechos humanos,
todos ellos miembros componentes de CONADE. Había además otras personas que no habían
asistido en anteriores reuniones.
Se empezó inmediatamente a discutir el contenido del documento que
habría de redactarse. Marcelo Quiroga Santa Cruz expuso su criterio de que la situación
era sumamente grave y que CONADE tenía que actuar con firmeza y rapidez declarando el
bloqueo y paro en los Departamentos donde el golpe ya había estallado. Lechín fue
todavía más radical diciendo que era probable que ni la COB ni CONADE TENDRÍAN OTRA
OPORTUNIDAD DE REUNIRSE Y QUE HABÍA QUE DECRETAR EL BLOQUEO Y EL PARO EN TODO EL PAÍS A
PARTIR DE HORAS 15:00. Este criterio fue aceptado y se empezó a redactar el documento.
A las 11:15 se confirmó la noticia de que Santa Cruz se había plegado
al golpe y los redactores se apresuraron a terminar con el documento. A las 11:30 Lechín
leyó el decreto de Paro y Bloqueo a la prensa oral y escrita. Algunas personas salieron
entonces de la reunión en la tarde. Se tuvo que solicitar a las personas que no eran de
CONADE que abandonaran la sala.
Antes de comenzar la reunión entraron varios periodistas y un
camarógrafo de la TV para filmar la lectura del documento por Simón Reyes. Al llegar a
la mitad de la lectura del mismo, a las 11:40 a.m. escuchamos tiros de armas automáticas
dirigidas contra el edificio de la COB. No sabíamos que pensar, creíamos que fue un jeep
que había tirado al pasar para asustar a los asistentes, pero enseguida se largó una
ráfaga fuerte que alcanzó a la sala donde estaban reunidos los miembros de CONADE y
también a la antesala donde esperaba otra gente. Todos se echaron al suelo entre mucho
vidrio roto y las lámparas humeantes del equipo de TV. Pasaron unos segundos más, hasta
que más ráfagas y tiros sueltos convencieron a todos que se estaba produciendo un asalto
a la COB. La gente empezó a arrastrarse por el suelo, algunos tratando de encontrar un
lugar para esconderse, otros buscando la manera de escapar. El grupo en que estaba Marcelo
buscaba una salida por el patio de atrás, llegó a un cuarto que daba a este patio, pero
se vio que los paramilitares habían rodeado el edificio, por lo menos había una
paramilitar atrás y tal vez más. Empezó una baleadura al cuarto donde estaba el grupo,
la mayor parte el cual pasó al cuarto del lado que no tenía ventanas y era más seguro.
En este grupo había un total unas 15 personas más o menos. Unas 10 o 12 personas estaban
sentadas en el cuartito sin ventanas y unas 4 o 5 en el cuarto grande. Los de adentro
consultaron entre sí rápidamente y se concluyó que había que rendirse antes de que los
tiros los alcancen. Germán Crespo empezó a gritar "Nos rendimos, estamos sin armas,
nos damos. somos de la Iglesia". A lo que la respuesta fue otra ráfaga con unos
tiros sueltos más. Germán volvió a repetir lo mismo. Un paramilitar gritó: "Bien.
Entendido. Salgan de allí". Nadie se movió. Todos pensaban que los iban a
ametrallar al salir. Germán gritó otra vez: "Somos de la Iglesia, estamos sin
armas". El paramilitar: "Por eso, salgan de allí con las manos en la
nuca". Nadie se movió, forzando a los paramilitares a entrar al cuarto con mucha
desconfianza y cautela, como esperando una trampa. Entraron unos 6 o 7 uno por uno, cada
uno con la espalda contra la pared hasta que todos estaban adentro, era la primera vez que
podíamos verlos, todos estaban con el rostro descubierto, vestidos de civil de distintas
maneras, eran bolivianos de aspecto, morenos y hablaban sin acento. Todos portaban el
mismo tipo de arma automática (rifle de cañón mediano con clip). Nos empezaron a sacar
del cuarto, a algunos a empujones para apurarnos, diciendo "rápido, más
rápido". No me acuerdo quien salió primero, ni el orden de salida, buscando la
manera de escapar me fui atrasando. Pero no hubo caso, y tuve que salir el tercero o
cuarto. Nos llevaron hasta la escalera y empezamos a descender. Habían unos 3 o 4
paramilitares en el pasillo entre el cuarto y las escaleras. Yo me demoraba en bajar,
otros bajaban rápido. Nos dijeron que bajáramos en fila india, por eso me sorprendió
cuando me pasó Marcelo, caminando muy rápido, casi corriendo. El había pasado delante
de los 6 paramilitares del cuarto y los 3 del pasillo sin que ellos lo reconocieran. Los
paramilitares estaban disparando continuamente; no se sabía si estaban matando a otros en
el edificio o si lo hacían para apurarnos. A la altura del primer piso, habían dos
paramilitares más, uno de ellos, un petizo, reconoció a Marcelo cuando éste le estaba
pasando, lo jaló por el saco gritando: "aqui esta Quiroga". Marcelo trató de
desprenderse, diciendo "estoy sin armas, quiero bajar con los otros". El
paramilitar dijo "cabrón, cojudo, te vas a quedar con nosotros". Pero Marcelo,
con las manos siempre en la nuca, hizo un esfuerzo y se desprendió del paramilitar y
empezó a bajar la escalera dentro del primer piso y la vuelta de la escalera a la calle.
El petizo se puso furioso (yo había dejado de bajar y estaba mirando inmóvil) y gritó
"si no te paras te disparo". Marcelo inmediatamente se paró, dio la vuelta para
dar la cara y no la espalda a los paramilitares, todavía con las manos en la nuca. En ese
mismo instante, uno de los paramilitares disparó a Quiroga de una distancia de unos 3 o 4
metros y Marcelo cayó fuertemente de espaldas, evidentemente alcanzado por la bala. Cayó
herido, del lado izquierdo, quedándose en el quinto peldaño. Otra vez los paramilitares
nos apuraron a bajar y al pasar a Marcelo miré para ver si podía detectar el lugar de su
herida, que debido a su manera de caer, me pareció que tenía que ser en el pecho
izquierdo, pero como tuve que pasar casi corriente, no lo noté.
Al salir a la calle, vi que los paramilitares habían cortado el paso
de peatones en la vereda y que desde la COB hasta la Plaza del Estudiante, despojaron la
calle, una distancia de 40 a 50 metros. Nos hicieron dar la vuelta a la derecho y
empezamos a caminar por la vereda hacia abajo donde estaban estacionadas unas 3
ambulancias blancas a unos 40 metros de la COB, aparentemente para que nadie advierta el
operativo desde la COB. Pasamos a unos 2 o 3 paramilitares que estaban alineados en la
vereda. Uno de ellos se acercó a la primera ambulancia, abrió la puerta y gritó
"adentro". Germán Crespo era el primero de la fila y estaba a unos 5 metros de
la ambulancia cuando los paramilitares se pusieron nerviosos porque muchos peatones de la
vereda del frente empezaron a cruzar la calle y acercarse a nosotros para ver mejor lo que
pasaba. Alguien gritó "somos de CONADE" y los paramilitares empezaron a
disparar al aire para dispersarlos descuidando la fila por un momento. En ese mismo
instante algunos presos estaban pasando el Edificio Avenida, que tenía su entrada cerrada
por una cortina de hierro, pero una puerta pequeña que no estaba del todo cerrada;
aprovechando la distracción momentánea de los paramilitares 4 de nosotros logramos
meternos por la puerta pudiendo escapar.
Las autoridades bolivianas no permitieron que se realizara una autopsia
del cadáver de Marcelo Quiroga. En ese mismo operativo murió también el dirigente
minero Catavi Gualberto Vega. La CIDH espera una investigación seria de los hechos que
permita sancionar a los responsables. La información que suministró el Gobierno en su
nota del 17 de noviembre de 1980, no aportó ningún elemento de convicción que permita
desvirtuar el contenido de la denuncia.
La CIDH, en su 53º período de sesiones conoció de este caso,
adoptando una Resolución sobre el mismo en la cual observa al Gobierno boliviano que a la
luz de los antecedentes recogidos, las circunstancias irregulares en que murió el señor
Marcelo Quiroga, constituyen gravísima violación a los derechos fundamentales. También,
la Comisión recomendó disponer una investigación completa e imparcial, para determinar
la autoría de los hechos denunciados y sancionar a los responsables, solicitando al
Gobierno que en un plazo de 90 días informase acerca de las medidas tomadas para poner en
práctica estas recomendaciones.
Vencido el plazo, sin recibir respuesta del gobierno, la Comisión ha
decidido publicar esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General.
3. Caso 7481: Población de Caracoles
El 22 de agosto de 1980, se recibió la siguiente denuncia con
relación a los hechos ocurridos en la Población de Caracoles.
El regimiento MAX TOLEDO de Viacha, una fracción del regimiento
"TARAPACA" y el regimiento "CAMACHO DE ORURO" atacaron CARACOLES con
cañones, morteros, tanques y avionetas de guerra. Los mineros se defendieron con piedras,
palos y algunas cargas de dinamita. Hasta el lunes en la tarde la mayor parte de los
mineros fueron exterminados y los sobrevivientes huyeron a los cerros y otros a las casas
de "Villa Carmen". Las fuerzas del ejército los persiguieron, ultimando a los
hombres en sus casas, a otros apresaron y torturaron y a muchos les atravesaron con
bayonetas. También a los heridos los degollaron.
A un minero en plena plaza le metieron dinamita en la boca y le
hicieron volar en pedazos.
Saquearon las viviendas y cargaron los camiones con televisores,
máquinas, radiotocadiscos 3 en uno, termos, camas, dinero, mercaderías en las tiendas,
la agencia de Manaco y Zamora, la pulpería, etc.
A los niños les azotaron con cables y les hicieron comer pólvora. A
los jovencitos les hicieron echar sobre vidrio quebrado, obligando a las madres pasar
sobre ellos, luego los soldados marcharon encima de ellos.
Los del ejército parecían fieras salvajes porque estaban drogados y
no vacilaron en violar a las señoras y también a las jovencitas y hasta niñas.
Sacrificaron ovejas, gallinas, cerdos, etc., cargándoselos a los
camiones.
El martes 5 de agosto, al amanecer han cargado a los muertos, herido en
3 camiones rumbo a la Paz. Hasta el día viernes siguieron trayendo a los presos amarrados
con alambres.
A las mujeres les prohibieron recoger a los muertos para darles
cristiana sepultura, diciéndoles: "no hay orden". Recién el viernes dieron
orden para buscar a los muertos, pero sólo encontraron sacones, pantalones, chompas,
jarros, calzados, etc., empapados de sangre, los muertos habían desaparecido. Algunos
fueron echados en una fosa detrás del cementerio a los cuales no se les dejó
identificar. Hay más o menos 900 desaparecidos. No se sabe si están vivos o muertos.
Adjuntamos algunos nombres de desaparecidos, heridos, muertos y presos:
1. MUERTOS
Olimpia de Sánchez
Francisco Choque
Rufino Apaza
Julio Hueso
Quintín Colque
Ignacio Miranda
Pedro Choque
Rufino Chambi
2. Tres señoras que murieron con hemorragia a causa de las
violaciones.
3. HERIDOS
Martin Urquiola
Alberto Inca
Andrés Villca (12 años) se volvió loco
Jorge Choque
4. DESAPARECIDOS
Alejandro Miranda
David Salazar
Agustin Chile (menor de edad)
Antonio Inca
Monje Quispe
Pacífico Vargas
Alberto Gonzalca
Juan Namani
Octavio Argollo
Genaro Zonco
José Gutiérrez
Juan Charcas
Felix Flores
Florencio Mamani
5. PRESOS
José Mina
Ponciano Mina
Valentín Lobo
Antonio Pérez
Dionisio Laura
Desiderio Mamani
Pedro Mérido
Eustaquio Flores
Juan Mérida
Genaro Chipana
Luis Zegorro
Benanco Pérez
6. PRESOS (fueron despachados en avión rumbo a "Puerto Rico,
Pando")
Ladiuldo Vargas (Estudiante del colegio de Cuarto medio)
Pedro Inca
Primo Limachi
Mario Luna
Mediante comunicación del 29 de agosto de 1980 la Comisión
transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de Bolivia, solicitándole
que suministrase la información que considere oportuna.
El Gobierno boliviano no ha respondido a la Comisión, a pesar de haber
reiterado la solicitud de información por nota del 16 de diciembre de 1980.7
Para la Comisión ha sido difícil poder establecer con exactitud como
ocurrieron los hechos denunciados y cual fue efectivamente la magnitud de los sucesos.
Ello es aún más difícil si el Gobierno no informa o suministra adecuadamente los
detalles que le permitan conocer de manera objetiva lo que realmente ocurrió.
Las informaciones que en todo caso ha podido recolectar la CIDH indican
que los pobladores del Pueblo de Caracoles, mineros en su gran mayoría, el 17 de julio se
declararon en huelga en señal de protesta por el Golpe Militar y optaron por impedir el
acceso de las Fuerzas Armadas al pueblo.
Las fuentes indican que los habitantes habían minado las vías de
acceso al pueblo y en su poder se encontraban algunas armas. La iglesia adelantaba
gestiones con el fin de lograr que los mineros se reintegraran a sus labores. En estas
circunstancias pareciera se llevó a cabo la operación militar que ocasionó, en todo
caso, la muerte y detención de un número considerable de personas.8
De acuerdo a una versión recibida por la Comisión, los hechos
ocurrieron así:
Era el domingo 4 de agosto cuando entraron a la población 13 camiones
y dos tanquetas de los regimientos Camacho, Huachacala y Bolivar a la población de
Caracoles. Nosotros nos manteníamos en huelga desde el 17 siguiendo las instrucciones de
CONADE. Se nos dijo que había que resistir hasta el 6 de agosto y para ello nos
preparamos. Se reunieron algunas armas cortas y dinamita, baterías de auto y se minaron
los caminos de acceso. El viernes habíamos tenido asamblea y esperábamos instrucciones
pero faltaba coordinación. En esa Asamblea se decidió no quedar más a la defensiva y
hacer acciones de ofensiva.
Estaba con nosotros un dirigente de la COB y tres de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), pero no se tenía comunicación con
el exterior, pese a que se logró conexión con los Yungas y otras zonas campesinas. Los
campesinos se concentraron en Caracoles. Eran 1200 a 1500, Cada uno se quedaba 3 días y
luego iba a traer alimentos. Los últimos días no teníamos para comer y las pulperías
estaban prácticamente desabastecidas pero teníamos comida porque la traían las
compañeras de choque, en las células y en las asambleas. Eran el contacto con Caranavi,
Cañadon Antequera y Zongo.
El domingo divisamos la tropa y preparamos la resistencia. Una señora
denunció que el camino estaba minado y que llegaron a pie. Se mató en combate a un
teniente y en ese primer encuentro hirieron a varios militares. El teniente tenía un
hermano) teniente coronel en El Alto y este al enterarse que murió su hermano llegó con
19 camiones "camanes" morteros y más tanquetas. El lunes ya los mineros no
tenían munición y fue una carnicería. El combate fue primero en Sayacilla y Tacuni. El
pueblo civil se escondió en el hospital. A las 5:30 de la madrugada una ambulancia
recogió al teniente. Mientras llegaron mineros de San Vicente y de la mina
"Argentina", pero el martes ya el triunfo era de ellos y tuvimos que huir. El
pueblo parece ahora un cementerio de 1500 trabajadores quedan 400 pues muchos han muerto,
están presos o han escapado. Sólo se oye el llanto de los niños y las mujeres.
4. Caso 7739 Dirigentes del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR)
A través de diferentes medios de información, pero especialmente en
diversas comunicaciones recibidas el 23 de enero de 1980, la CIDH conoció de la muerte de
8 de los principales dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) el día
15 de enero, mientras se desarrollaba una reunión de la dirección nacional de ese grupo
político.
La Comisión transmitió en comunicación del 19 de febrero de 1981,
esta denuncia al Gobierno, solicitando la información correspondiente. Las partes
pertinentes señalaban:
De acuerdo con informes recibidos en la tarde del 16 de enero de 1981,
un grupo combinado de fuerzas paramilitares y soldados regulares, actuando bajo
instrucciones del Ministerio del Interior, allanaron una casa en la Ciudad de La Paz, en
la que se desarrollaba una reunión de líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), partido de carácter radical nacionalista, el cual había ganado 6 escaños en el
Congreso en las elecciones de 1979.
Cerca de 15 personas asistían a la reunión incluyendo representantes
de la Central Obrera Boliviana. Según los informes, soldados rodearon el edificio y a
pesar de que no fue puesta ninguna resistencia nueve personas fueron asesinadas. Se han
presentado alegaciones de que algunas de las víctimas fueron objeto de tortura antes de
su muerte. Posteriormente en una Conferencia de Prensa, el Ministro del Interior informó
que 9 guerrilleros y un policía habían sido asesinados en un enfrentamiento armado.
Se cree que las siguientes personas murieron:
ARTEMIO CAMARGO: Líder de la Federación Sindical de los Trabajadores
Mineros (FSTMB). Trabajaba en la mina del Siglo XX.
JOSÉ REYES CARVAJAL: De 41 años, antiguo policía y quien había sido
elegido Diputado por la Ciudad de la Paz, por la Unión Democrática Popular en las
elecciones de 1980.
JOSÉ LUIS SUÁREZ GUZMAN: Profesor Universitario.
ARIEL MENACHO: De cerca de 50 años, miembro organizador del MIR en Pando.
KOREE BALDIVIESO: De cerca de 35 años, organizador del MIR en Oruro.
RICARDO NAVARRO MOGRO: De cerca de 30 años, Profesor Universitario.
GONZALO BARON: Líder Estudiantil.
RAMIRO VELASCO AVILES: De aproximadamente 35 años de edad.
A pesar de que la Comisión reiteró su pedido de información mediante
nota del 13 de abril de 1981, hasta la fecha el Gobierno de Bolivia no ha suministrado los
informes pertinentes del caso referido. No obstante lo anterior, la Comisión ha tenido
informaciones de diferentes fuentes en el afán de precisar con toda claridad como
ocurrieron los hechos denunciados.
En la tarde del 6 de enero de 1981, el Ministerio del Interior por
medio del Departamento de Comunicación Social expidió un comunicado en los siguientes
términos:
El día de ayer en la tarde a horas 18:00 fuerzas de seguridad del
Estado intervinieron una reunión de delincuentes subversivos que se realizada en un
domicilio de las calles Abdón Saavedra y Harrington. Rodeado el edificio, los componentes
de la reunión ofrecieron resistencia, por que se produjo un combate que duró 20 minutos.
En la refriega murieron 9 personas y resultaron 4 heridas. Entre los muertos se han
identificado a: Ramiro Hernán Velasco Arce, José Luis Enrique Suárez Guzmán, Freddy
Marquez, René Angel Contreras Losa, Rodrigo Arce Gómez, José Alejandro Reyes Carvajal,
Mario Luis Paredes Lianos, Arcil Menacho. De las fuerzas de seguridad del Estado fue
muerto el agente Juan Rodríguez Luna y heridos 4 otros miembros. A causa del operativo en
el mencionado edificio se encontró dinamita en cantidades importantes, armamento,
granadas de fabricación cubana; asimismo han sido detenidas varias personas, secuestrada
una amplia documentación y profusa panfletería. De su breve examen, pudo establecerse
que estaban siendo preparados grupos de elementos extranjeros con encargo de comerciantes,
intelectuales, obreros, dirigentes políticos y sindicales, para atribuirles
responsabilidad a organismos del gobierno y de las propias FFAA. El Ministerio del
Interior, Migración y Justicia comunica a la opinión pública que, con la evaluación de
las pruebas existentes procederá a la captura de otros miembros subversivos, cómplices y
encubridores de los mismos. La Paz, 16 de enero de 1981.
Los informes indican que la opinión pública recibió con sorpresa el
comunicado transcrito dada la relevancia pública de los muertos y asimismo le dio poca
credibilidad, puesto que a pesar de que el MIR y la UDP, constituían en ese momento, una
de las fuerzas políticas opositoras más claras, en repetidas ocasiones se habían
pronunciado en contra de toda forma de terrorismo, señalando su vocación y ánimo
democrático.
En uno de los documentos recibidos por la Comisión se señala:9
Sábado 17 de enero El Arzobispo de la Paz, Monseñor Jorge
Manrique calificó como de "insuficiente" las informaciones proporcionadas por
el Ministerio del Interior en relación a la muerte de 8 dirigentes del MIR. El Arzobispo
que ha adquirido un especial relieve por su permanente denuncia de la violación de los
derechos humanos, se mostró reacio a dar total credibilidad a la versión gubernamental
de que las muertes se habrían producido a raíz de un enfrentamiento entre los agentes de
seguridad y los dirigentes políticos muertos y pidió del gobierno un inmediato
esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, el Secretario General de la Conferencia Episcopal de
Bolivia, Monseñor Alejandro Mestre, anunció que la Iglesia interpondrá sus buenos
oficios ante el gobierno para que los cadáveres de los dirigentes del MIR sean devueltos
a sus familiares y reciban cristiana sepultura. Esta actitud de la Iglesia fue calificada,
en la Paz, como expresiva de un sentimiento generalizado de consternación ante la muerte
de los dirigentes miristas, en circunstancias, al parecer, dudosas y que ponen nuevamente
en tela de juicio, tanto nacional como internacionalmente, los procedimientos que utiliza
el gobierno militar para controlar a una oposición que, al parecer, día que pasa se hace
más vigorosa y abierta.
Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, Presidente y Vicepresidente del
GUN respectivamente, emitieron una extensa declaración desde la capital peruana, Lima, en
la cual denuncian el "salvaje asesinato" de 9 dirigentes del MIR, dando al mismo
tiempo, una nueva y distinta versión de los hechos que se habrían producido el día
jueves 15 en la ciudad de la Paz, así como una más completa nómina de los políticos
muertos por agentes de seguridad del gobierno.
En partes textuales de la declaración se establece que: "el día
jueves 15 de enero del presente año, fuerzas paramilitares y de seguridad de la dictadura
irrumpieron con criminal violencia en la casa donde se reunía la Dirección Nacional de
la Resistencia (DNR) del MIR, que cumplía responsable y consecuentemente su tarea en la
resistencia en momentos en que el pueblo boliviano era golpeado por las recientes medidas
económicas. Allí mismo --destaca la declaración en el acto, después de ser
salvajemente torturados, fueron asesinados los compañeros:
Más adelante agrega:
Desmintiendo la versión oficial del día viernes, la declaración
agrega: "El régimen usurpador ha presentado su propia y mendaz versión sobre el
asesinato de los dirigentes del MIR, añadiendo la calumnia al crimen cuando presente a
las víctimas como delincuentes subversivos(
) terroristas armados de
bombas, con planes macabros para asesinar oficiales del ejército boliviano, y que
finalmente cayeron en un enfrentamiento armado con agentes de seguridad. Esta
grotesca versión --continúa la declaración no puede ser jamás aceptada por el
pueblo boliviano, ni por los pueblos y gobiernos aceptada por el pueblo boliviano, ni por
los pueblos y gobiernos democráticos. Se trata de un asesinato con precedentes difíciles
de encontrar en la larga y compleja historia de nuestro país".
El mismo informa:
Domingo 18 de enero: La Junta Militar entregó los cadáveres de
los ocho dirigentes opositores muertos por agentes de seguridad del Estado, cuando se
llevaba a cabo una reunión política en un barrio de la ciudad de la Paz. Un comunicado
de la Secretaría General de Informaciones, difundido hoy, enfatiza que se "decidió
la entrega de los cadáveres de las personas que fallecieron a sus respectivas
familias". Agrega el comunicado que los organismos de seguridad procederán a una
exhaustiva investigación sobre lo ocurrido el pasado jueves 15 cuando a raíz de un
allanamiento murieron ocho dirigentes del MIR. Este anuncio, al parecer, responde a la
inquietud demostrada por la Iglesia y otros sectores de opinión, que manifestaron sus
dudas acerca de la veracidad de la versión oficial que hablaba de resistencia armada y de
enfrentamiento.
Los cadáveres de los dirigentes del MIR, Ramiro Hernán Velasco y
Luis Suárez Guzmán fueron enterrados ayer sábado. De acuerdo a la invitación
religiosa aparecida en el matutino PRESENCIA, se pudo confirmar que Luis Suárez fue hijo
del Gral. Hugo suárez Guzmán. También fue publicado, en el mismo periódico, otra
invitación necrológica al entierro del Lic. Ricardo Navarro Mogro, de quien se
indica "fue un noble y digno ciudadano boliviano". El Ministerio del Interior no
consignó el nombre de Navarro Magro dentro de la lista de ocho dirigentes opositores
muertos el pasado jueves por fuerzas de seguridad del gobierno. Se informa que el sepelio
se realizó con gran concurrencia de familiares y amigos.
Posteriormente, el 20 de enero, la Junta Militar anunció a través de
los diarios "Hoy" y "El Diario", que los Servicios de Inteligencia
detectaron y aniquilaron un vasto plan subversivo de alcance internacional, destinado a
provocar la concurrencia armada y la toma del poder en el país.
El gobierno Militar aparentemente para dar una respuesta a los pedidos
del Arzobispo Manrique, atribuyó tal plan al Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR.
El Gobierno publicó una lista de 50 dirigentes miristas, a los que atribuye la
organización y responsabilidad del grupo subversivo.
Líderes de la Unidad Democrática Popular de la cual hacía parte el
MIR, grupo político que había ganado las elecciones en 1980, reafirmaron que los
Miembros del MIR fueron salvajemente asesinados y que la Junta Militar falsea los hechos
mediante comunicados que aluden a enfrentamientos y planes subversivos.10
En el mes de febrero de 1981 el Ministerio del Interior señaló que
los muertos estaban vinculados con el tráfico de drogas. Ante tal hecho los familiares de
las víctimas el 15 de febrero publicaron una carta abierta en la cual, en términos muy
enérgicos niegan tal sindicación. Informes que ha podido reunir la CIDH señalan que los
familiares estaban siendo vigilados por los Organismos de Seguridad.
La CIDH, en su 53º período de sesiones conoció de este caso,
adoptando una Resolución sobre el mismo en la cual observa al Gobierno boliviano que las
circunstancias irregulares en que murieron estos dirigentes constituyen gravísima
violación a los derechos fundamentales. También, la Comisión recomendó disponer una
investigación completa e imparcial, para determinar la autoría de los hechos denunciados
y sancionar a los responsables, solicitando al Gobierno que en un plazo de 90 días
informase acerca de las medidas tomadas para poner en práctica estas recomendaciones.
Vencido el plazo, sin recibir respuesta del Gobierno, la Comisión ha
decidido publicar esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General.
Hasta la fecha la Comisión no ha recibido informaciones del Gobierno,
ni conoce si se han adelantado las investigaciones del caso, así como tampoco si se han
sancionado a los responsables.11
5. Por otra parte la Comisión debe lamentar las informaciones que ha
podido conocer, en el sentido de atribuir a fuerzas paramilitares, que actúan bajo
instrucciones y responsabilidad del Ministerio del Interior, hechos que han afectado
seriamente el Derecho a la Vida.12
6. Asimismo, se alega que estos grupos obran con gran impunidad en las
detenciones, allanamientos e interrogatorios de las víctimas. en situaciones tales como
las ocurridas el 17 de julio y el 15 de enero pareciera que esa impunidad obedece a una
decisión de altas autoridades gubernamentales de perseguir a cualquier grupo de personas,
organización política o sindical que pueda representar una oposición así sea
pacífica, a los propósitos de la Junta Militar.
7. Aún cuando es difícil establecer el número de personas afectadas
en el Derecho a la Vida y los responsables por su violación, los elementos de juicio de
que dispone la Comisión, le permiten concluir que fuerzas de seguridad y grupos
paramilitares actuando de manera irregular han ocasionado violaciones a este derecho
fundamental.
C.
Informaciones recibidas por la CIDH relativas a presuntas desapariciones
1. Preocupa a la Comisión de manera especial algunas informaciones
recibidas según las cuales en los días siguientes al golpe militar y dada la total
impunidad con que actuaban los grupos paramilitares y oficiales, se presentaron casos de
detenciones seguridad con la desaparición de las personas detenidas.
2. La Comisión no puede precisar el número de desapariciones
ocurridas durante el lapso que ha transcurrido desde el 17 de julio; sin embargo, algunos
casos como los señalados en la denuncia sobre la Población de Caracoles y otras como el
de Elías Raphael Flores, Renato Ticona, Raúl Coronel Soto, y José Luis Martínez,13 indican que los operativos que se han llevado a cabo
han dejado efectivamente un saldo de desapariciones.
1
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 4 establece lo
siguiente: 1) Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede
ser privado de la vida arbitrariamente.
2 Artículo 7 toda persona tiene los
siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: a) a
la vida,
.
3 La Convención Americana establece en su
Artículo 4, numerales 2, 3 y 4 lo siguiente: 2) En los países que no han abolido la pena
de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de
sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca
tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su
aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3) No se restablecerá la
pena de muerte en los Estados que la han abolido. 4) En ningún caso se puede aplicar la
pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
4 Artículo 228 La Constitución
Política del Estado es la Ley Suprema del Ordenamiento Jurídico Nacional. Los
tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con
preferencia a cualesquiera otras resoluciones.
5 Por declaraciones del 17 de octubre de
1980 efectuadas por el Coronel Luis Arce, en ese entonces Ministro del Interior, y
publicadas en diferentes medios de comunicación, la CIDH tomó conocimiento de que el
Gobierno Militar de Bolivia en el mes de noviembre se disponía a expedir una drástica
Ley de Seguridad en la cual impondría dentro de las sanciones la pena de muerte. El 13 de
noviembre de 1980, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor
Alejandro Mestre, dirigió una carta al General Luis García Meza, en la cual la Iglesia
Católica presentó serias objeciones a la anunciada nueva Ley de Seguridad y señala que
las leyes y la Constitución Política de 1967, son suficientes para mantener el orden
interno y garantizar la convivencia ciudadana. Seguidamente el 19 de noviembre el General
García anunció que no se dictará una nueva Ley de Seguridad del Estado, pero esto no
impedirá que se aprueben medidas complementarias que resguarden el orden, la paz y la
tranquilidad.
6 A pesar de que el Gobierno de Bolivia no
ha respondido a esta denuncia individual, en la nota que dirigió a la CIDH en el mes de
noviembre de 1980, informó que el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz había fallecido el
17 de julio de 1980 al resistir la acción de la fuerzas del orden.
7 En la nota informativa remitida a la CIDH
el 14 de noviembre de 1980, a la cual la Comisión se refirió anteriormente el Gobierno
informó: "En la localidad de Caracoles, como consecuencia de desórdenes, resultaron
muertos 4 civiles, un oficial del ejército y un soldado".
8 Según las informaciones de que dispone la
Comisión, las áreas mineras se constituyeron en los principales centros de resistencia
al Gobierno militar del General García Meza. Como consecuencia el nuevo Gobierno dispuso
un control militar estricto de esas zonas. Se han denunciado muertes irregulares,
detenciones y diferentes atropellos que atentan contra la vida de los habitantes de estos
sectores especialmente en los Centros de Uncla, Huanuni, Catavi, Siglo XX y Miraflores.
Los dirigentes sindicales de Catavi y Siglo XX
quisieron establecer un diálogo con las autoridades militares sin resultado positivo.
9 "Bolivia Semanal", Editor: PADI
(Quito, Ecuador) del 12 al 18 de enero de 1981. Las fuentes de información de este
semanario son de carácter público y proceden de agencias internacionales de noticias, de
periódicos de Bolivia y de Latinoamérica.
10 Testimonios señalan que, José Reyes,
uno de los líderes asesinados, al iniciarse el operativo salió a la calle a entablar un
diálogo con el grupo que realizaba el mismo, siendo ametrallado.
11 El 5 de febrero el Consejo Episcopal
Permanente suscribió un documento que lleva la firma del Cardenal Clemente Maurer y 16
Obispos en el cual exige del Gobierno el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 15 de
enero, y denuncia la continuación de las prácticas de tortura física y psicológica
para los detenidos políticos, pidiendo la sanción para sus autores.
12 Informaciones recibidas por la Comisión
señalan que el dirigente campesino Florencio Gabriel, falleció el día 3 de junio de
1981, como consecuencia de los malos tratos recibidos durante las tres ocasiones en que
fue detenido.
13 En la situación de José Luis
Martínez, la CIDH ha recibido informes sobre la detención, la cual se realizó el 12 de
diciembre de 1980 en su residencia, sin que hasta la fecha haya sido reconocido aún
cuando extraoficialmente se afirma que se encontraría en la localidad de Oyuni en un
lugar secreto de detención.